Los hombres democráticos y las naciones democráticas tienen la profunda obligación de velar por los derechos humanos en sus países y deben adherirse a las fuerzas liberales y demócratas en su compromiso por la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Mucho más frente a sus vecinos, mucho más si aquellos que violan descaradamente los derechos humanos son miembros de cualquiera de nuestras organizaciones regionales. No podemos ser parte de una misma organización si al menos no manifestamos nuestro desacuerdo y no denunciamos las infracciones de las cuales hasta deberíamos exigir que no atenten contra los básicos derechos humanos.
No obstante, algunos plantean un supuesto dilema entre la libertad de las personas y la libertad de opinión frente a la soberanía de un país. Por ejemplo: ¿es denunciar la prisión de Leopoldo López o del alcalde de Caracas Antonio Ledezma un acto de intromisión en los asuntos internos de un país (violación de la soberanía nacional) o es la obligación de un demócrata? La verdad es que no existe dicho dilema, pues el derecho a la libertad es un derecho humano universal (Art. 3) y los derechos humanos son el límite de la soberanía. O sea, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, estaba en todo su derecho de exigir la libertad de los presos políticos en Venezuela.
No se trata de una intromisión en los asuntos internos, políticos o soberanos de una nación. El Articulo Segundo de la Declaración de Derechos Humanos suscritos las Naciones Unidas dice textualmente:
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración (….) no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.”
Otro importante derecho humano es el derecho a la libertad de expresión (Art. 3); derecho también violado últimamente en nuestra región. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Rafael Correa sostiene que los medios de comunicación son “técnicamente un bien público” por lo que deben ser regulados. Se equivoca. El medio a través el cual se transmite la información, noticia o programas puede ser un bien público pero no el contenido de la información. Por ejemplo, la radio transmite a través de una señal que puede ser pública y concesionada, pero la información, la opinión y los programas que se transmiten no son públicos, son propiedad, derecho y sobre todo, están bajo la responsabilidad de quien los emite.
Incluyo la palabra “responsabilidad” porque efectivamente, lo que los medios publican debe ser responsabilidad del medio que los emitió, excepto en la página editorial o publicidad, que es responsabilidad del que lo escribe o de quien paga por ese espacio. Es decir, si alguien o algún medio calumnia, la persona afectada debe tener derecho a la respuesta o aclaración en el mismo espacio en el que sucedió la calumnia o el error. En Guatemala, por ejemplo, este derecho funciona muy bien. Se llama “el derecho a respuesta” y obliga a la persona que emitió la información a publicar el “derecho a respuesta” en el mismo medio, frecuencia y espacio que la calumnia y todo eso pagado por el responsable o el medio al que hizo referencia. El problema del presidente Correa es que no tiene los antecedentes ni la credibilidad para ser el ejecutor de dicho derecho, sino que por el contrario está acusado de utilizar ese derecho para perseguir sus objetivos políticos y amedrentar periodistas o para perseguir medios que son de la oposición, algo que él niega.
Los hombres y las mujeres demócratas, las naciones demócratas debemos sumar esfuerzos para vivir, al menos en una región donde se respeten los derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad física y la libertad de expresión. Ojalá que pronto los abusos vuelvan a ser cosas del pasado.
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