Un tribunal del Paraguay condenó a 11 campesinos a penas que van de 4 años a 30 años de prisión por el llamado caso de la "masacre de Curuguaty", un incidente ocurrido en 2012 en el que fallecieron 17 personas y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.
Los sucesos ocurrieron el 15 de junio de 2012, cuando centenares de policías acudieron a desalojar a unos 60 campesinos de unas tierras que habían ocupado a través de un decreto presidencial.
Durante el desalojo se produjo un tiroteo en el que murieron 11 campesinos y 6 policías. Sin embargo, la Fiscalía sólo investigó las muertes de los funcionarios del orden público de manera imparcial y deshonesta.
El incidente sirvió de base al Congreso paraguayo para realizar un juicio político contra el entonces presidente Fernando Lugo, quien terminó siendo destituido de su cargo.
Los campesinos fueron condenados por los delitos de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Los abogados de los campesinos se encerraron, junto a un grupo de activistas, en la sala del Tribunal de Justicia en la que se realizó el juicio para protestar por la sentencia.
Cuatro pruebas que invalidan la condena judicial a los campesinos de Curuguaty
1- No se investigó la muerte de los 11 campesinos
Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando.
2- Se realizó una acusación genérica de homicidio
La fiscalía acusó genéricamente a los campesinos procesados de homicidio doloso en grado de tentativa, porque admitió que no podía determinar quién campesino mató a quién policía. Es decir, la fiscalía acusó al grupo de campesinos procesados de ser los asesinos de los seis policías muertos. El hecho –al no encontrarse a responsables individuales de las muertes- es jurídicamente inadmisible.
3- No se investigaron denuncias de ejecuciones extrajudiciales y torturas
Se presentaron ante la fiscalía contundentes denuncias, con pruebas, de que algunos de los 11 campesinos muertos en la balacera el día de la masacre fueron ejecutados con balas de armas de fuego posterior a la balacera. También se presentaron denuncias de torturas de varios campesinos que ocuparon las tierras de Marinakue, días después de la masacre. Las denuncias nunca fueron admitidas por la fiscalía. El hecho refuerza la parcialidad manifiesta de la investigación fiscal.
4- Las tierras son del Estado, no de propietarios privados
Documentos públicos difundidos por todos los medios dan cuenta que la Finca Nº 9 de Curuguaty, con una superficie de más de 2.000 hectáreas, la que fuera ocupada por los campesinos, fue donada por la empresa La Industrial Paraguaya S.A al Estado Paraguayo. La donación fue aceptada por Decreto N° 29.366 del 6 de setiembre de 1967. Por Decreto N° 3.532 del 4 de octubre de 2004, el Estado paraguayo la declaró esas 2000 hectáreas de interés social y la destinó para la reforma agraria, transfiriéndola a título gratuito al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las tierras de Marinakue nunca fueron de la Familia Riquelme. Esta prueba invalida la acusación fiscal de que los campesinos invadieron una propiedad privada de terceros.
Vía | BBC Mundo
Vía | E'a Paraguay
En La Verdad Incómoda | El Circo de la Mafia Paraguaya, una investigación sobre la masacre de Curuguaty
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